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Comunicadores califican la amnistía como ley de guerra

  • Ciudad Caracas
  • 8 abr 2016
  • 4 Min. de lectura


7 de abril de 2016.- Los comunicadores de Caracas rechazaron ayer el proyecto de Ley de Amnistía, sancionada por la derecha en la Asamblea Nacional. El encuentro que reunió a periodistas y comunicadores populares, contó con las intervenciones de Maripili Hernández, Larissa Costas y Francisco Solórzano, además de Edgar Márquez de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado de 2002 (Asovic). Por su parte, el ministro para la Comunicación e Información, Luis José Marcano, aseguró que “no vamos a permitir que esa intención de dejar en la impunidad esos crímenes proceda. No vamos a permitir que eso avance”. Asimismo, aseguró que hay comunicadores que “deberían ser sometidos a la justicia por los daños que generaron en las Guarimbas”. Por otro lado, el periodista Ernesto Villegas, afirmó que “esa amnistía por tramposa y engañosa no va”. De igual manera, recordó que “ya venimos de una amnistía que el Comandante Chávez les dio desde su corazón humilde y cómo le pagaron ellos: llamando a La Salida en 2014”. También recalcó que el proyecto de ley “no busca la reconciliación del pueblo. Solo busca el autoperdón de los delincuentes”. Además, la periodista Yndira López, periodista del diario Ciudad CCS, leyó el comunicado aprobado por los comunicadores. A continuación el texto íntegro: Nosotros, comunicadoras y comunicadores venezolanos, aferrados al proyecto de país contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, instrumento modelo en la promoción y protección de los DDHH, conscientes de nuestro deber de defender los derechos allí contemplados, entre ellos el derecho de nuestro pueblo a una información veraz, oportuna y sin censura, decidimos pronunciarnos fehacientemente en contra del engañoso proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, que lejos de abrir espacios para la paz y el reconocimiento entre los venezolanos, y para la superación de los problemas concretos que afronta nuestro pueblo, especialmente en el campo de la economía, viene a conspirar contra la convivencia nacional, a incentivar la indeseable repetición de actos de terrorismo y violencia política en el territorio nacional, a estimular la desobediencia de las leyes y la comisión impune de hechos criminales contra la ciudadanía, así como a perturbar los esfuerzos del Gobierno Bolivariano junto con la clase trabajadores, el Poder Popular y sectores conscientes del empresariado venezolano para salir de la emergencia económica y garantizar los derechos económicos y sociales de los venezolanos. Denunciamos este proyecto como una “ley de guerra” que, en caso de entrar en vigor, traería gravísimas consecuencias para todas las venezolanas y venezolanos, independientemente de su inclinación política, credo religioso o condición social. Sería una ley para favorecer el terrorismo y la delincuencia. Al igual que el pueblo generoso al que pertenecemos, y al que nos debemos en nuestro corazón no abrigamos el más mínimo sentimiento de odio o afán de venganza. En tal sentido recordamos como, finalizando el año 2007, el Comandante Hugo Chávez, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en uso de sus prerrogativas constitucionales, dicto un Decreto-Ley de Amnistía que benefició a decenas de ciudadanos incursos en todo un catálogo de delitos cometidos con el propósito de desestabilizar y derrocar a su Gobierno y derogar la Constitución Bolivariana. Entre los beneficiarios de aquella amnistía figuran personajes como María Corina Machado, Leopoldo López, Henrique Capriles Radonski y Enrique Mendoza, que en lugar de reconocer la magnanimidad del líder revolucionario, la malinterpretaron como un signo de debilidad e insistieron en prácticas conspirativas y llamados a la violencia, que han enlutado a incontables familias venezolanas, causando daños a la propiedad pública y privada, pánico y zozobra en la población. Retumba entonces la voz de nuestro Padre Libertador, Simón Bolívar, quien en el Manifiesto de Cartagena de 1812 advirtió sobre la “clemencia criminal” que tantas perturbaciones trajo a la Patria en su lucha por la Independencia: “A cada conspiración sucedía un perdón, y a cada perdón sucedía otra conspiración que se volvía a perdonar”. Llamamos la atención sobre los delitos grotescos que el proyecto de marras pretende apañar (corrupción administrativa, tráfico de drogas entre otros), y que, por el escándalo que causó el primer proyecto de ley, tras ser conocido públicamente, fueron maquillados en el proyecto finalmente aprobado en segunda discusión por la mayoría antichavista de la Asamblea Nacional. Maquillaje este que no logra ocultar la abyecta intencionalidad del proyecto ni sus nefastas consecuencias, aun con las modificaciones de forma introducidas, que igual benefician a los reos por aquellos delitos grotescos. Advertimos que todos los potenciales beneficiarios de la engañosa amnistía pertenecen a un mismo sector político del país, sin excepción, lo cual encuadra al proyecto en la categoría de las “Leyes de Auto-Amnistía” que han sido repudiadas por el sistema internacional de Derechos Humanos, por considerar que obedecen al interés de los victimarios por autoperdonarse sus crímenes, con desprecio absoluto por las víctimas y el resto de la sociedad. Por todo lo anteriormente expuesto exhortamos respetuosamente al presidente Nicolás Maduro y al Tribunal Supremo de Justicia, en el marco de la Constitución y las leyes, a que hagan todo lo necesario para que le ahorren al país los traumas que se propone infringirle el inconstitucional proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, que no reconcilia a nadie con nadie y más bien ahonda los conflictos entre los venezolanos. Asimismo, hacemos nuestra la propuesta, formulada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en su discurso de enero pasado ante la Asamblea Nacional, en el sentido de construir una Comisión paritaria de Alto Nivel que investigue los hechos de violencia política cometidos en los últimos tiempos y establezca bases firmes para un proceso que garantice la Paz y la Justicia, poniendo por delante siempre a las víctimas. Estimamos que esta comisión, constituida de forma paritaria, sería especialmente útil para la clasificación de hechos históricos que han marcado la vida de los venezolanos y también para blindar el trabajo de periodistas y demás comunicadores genuinamente interesados en la investigación de la verdad. Por último, manifestamos que si alguien merece, sin duda, una “amnistía, es el pueblo venezolano, sometido a una despiadada y cruel guerra psicológica, mediante perversos mecanismos económicos, hamponiles y comunicacionales, que en otros tiempos y lugares han dado pie a otras guerras de carácter no convencional. La paz que queremos pasa por el fin de esta guerra absurda y el abandono de atajos de poder político y económico, sumisos ante los centros imperiales de dominación global e inclementes con la soberanía y la paz de Venezuela.


 
 
 

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